IA en el sector público: cómo abordar su implantación con garantías según la AEPD
La incorporación progresiva de sistemas de inteligencia artificial a las Administraciones Públicas abre nuevas posibilidades para mejorar procesos, gestionar información y prestar servicios, pero también plantea retos relacionados con la protección de datos y los derechos de las personas.
Por ello, su implantación requiere algo más que seleccionar una herramienta y ponerla a disposición de los empleados públicos. Es necesario establecer un marco que permita identificar los riesgos, definir las condiciones de utilización y asegurar que estas tecnologías se integran de forma adecuada en la organización y se usan de forma responsable.
Las recomendaciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en julio de 2026 para fortalecer el cumplimiento de la normativa sobre esta materia en la Administración General del Estado (AGE) dedican un apartado específico a la inteligencia artificial. Sus orientaciones plantean algunas claves que pueden servir también de referencia para otras Administraciones y entidades del sector público.
La IA como proceso de transformación organizativa
Una de las principales ideas que recoge la AEPD es que la implantación de inteligencia artificial no debería abordarse únicamente como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.
La Agencia considera que se trata de un proceso de transformación organizativa, cuyo éxito depende del liderazgo institucional, la formación de las personas, la existencia de criterios claros de utilización y una adecuada gobernanza.
Esto implica que las decisiones sobre el uso de IA no deberían quedar exclusivamente en manos de las unidades tecnológicas. Su incorporación puede afectar a procedimientos, sistemas de información, tratamiento de datos personales y formas de trabajo, por lo que requiere la participación coordinada de las distintas áreas implicadas.
Además, la protección de datos debe integrarse desde las primeras fases de diseño, adquisición, desarrollo y utilización de los sistemas de inteligencia artificial y mantenerse durante todo su ciclo de vida.
Implementación gradual acompañada de formación
Según la AEPD, una implantación responsable de la IA debe desarrollarse de forma gradual. Para ello, la Agencia aconseja empezar por actuaciones de sensibilización y formación dirigidas a órganos directivos y al conjunto de la organización. También cree conveniente vincular el acceso a las herramientas de IA con una capacitación mínima previa sobre uso responsable y protección de datos.
Junto a la formación específica, la AEPD plantea aprovechar el conocimiento existente dentro de las propias organizaciones. Una de las buenas prácticas que señala es identificar personas con mayor experiencia e iniciativa en las distintas unidades para impulsar redes de colaboración que permitan compartir conocimiento y elaborar recursos de apoyo, como videotutoriales o guías prácticas.
Cabe recordar, en este sentido, que la AEPD impulsa iniciativas de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Digital y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial para ofrecer formación masiva en la administración pública sobre IA a través del Instituto Nacional de Administración Pública.
Tomando como referencia todas estas recomendaciones, una implantación progresiva de la IA que permita abordarla como una cuestión transversal de la organización y no únicamente como una decisión tecnológica, debería prestar atención, al menos, a estos elementos:
Liderazgo institucional, para impulsar y acompañar el proceso de transformación.
Criterios claros de utilización, que establezcan las condiciones de uso de las herramientas.
Formación y sensibilización de las personas que vayan a utilizarlas.
Protección de datos desde las primeras fases, incorporándola al diseño, adquisición y desarrollo de las soluciones.
Gobernanza y coordinación interna, con participación de las distintas áreas implicadas.
Supervisión durante todo el ciclo de vida de las tecnologías.
El papel esencial del delegado de protección de datos
La implantación de inteligencia artificial también refuerza el papel que puede desempeñar el delegado de protección de datos (DPD) dentro de las organizaciones públicas.
La AEPD destaca que el conocimiento que el DPD tiene de la organización y de sus operaciones de tratamiento le proporciona una posición adecuada para observar y supervisar la incorporación de nuevas tecnologías. Esto le permite contribuir a identificar riesgos para los derechos y libertades de las personas, así como otros riesgos que puedan afectar a las propias instituciones.
La Agencia apunta, además de las posibles fugas de datos personales, a otros riesgos relacionados con la pérdida de conocimiento y habilidades dentro de la organización o con determinados efectos derivados de la utilización de estas tecnologías.
Por este motivo, considera de interés que el DPD pueda formar parte de los eventuales comités de IA o de Seguridad que se constituyan en las organizaciones públicas, de manera que pueda aportar su conocimiento especializado y contribuir al cumplimiento de la organización.
Una gobernanza que acompañe todo el ciclo
La incorporación de inteligencia artificial plantea, por tanto, una cuestión que va más allá de la elección de una determinada aplicación o sistema.
Para que su utilización se integre adecuadamente en la Administración, resulta necesario combinar gobernanza, formación, criterios internos y supervisión, incorporando la perspectiva de protección de datos desde las primeras fases y manteniéndola durante el desarrollo y utilización de las soluciones.
Las recomendaciones de la AEPD apuntan hacia este modelo: una implantación progresiva, acompañada por la organización y basada en criterios claros, capacitación y colaboración entre las distintas áreas implicadas.
En este contexto, la inteligencia artificial puede abordarse no solo como una nueva tecnología, sino como un proceso de transformación que requiere adaptar procedimientos, responsabilidades y capacidades internas para garantizar un uso adecuado de estas herramientas en el sector público.
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