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  • Comunicación AGES

Juan M. Pérez Mira analiza las repercusiones de la morosidad en la gestión de vivienda pública


Juan Manuel Pérez Mira en ponencia sobre alquiler, deuda de inquilinos y sostenibilidad financiera

El pasado 16 de noviembre, el director de AGES, Juan Manuel Pérez Mira, estuvo participando en el Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda del Eje Mediterráneo, celebrado en el marco del 19º SIMED de Málaga, para impartir una ponencia sobre "Ayudas al alquiler, deuda de inquilinos y sostenibilidad financiera".


Como economista y asesor en el ámbito del sector público, Pérez Mira destacó las graves consecuencias que puede tener la morosidad y, finalmente, el impago de los inquilinos de viviendas públicas desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, hasta el punto de poner en peligro la supervivencia de las organizaciones que gestionan los parques de este tipo de viviendas.


“La Intervención General de la Administración del Estado, que es la que clasifica a las entidades del sector público, uno de los criterios que tiene respecto a nosotros es minorar los ingresos que tenemos en nuestras cuentas - de pérdidas y ganancia-, precisamente en función de la experiencia que estamos teniendo respecto de la morosidad. Y esto tiene consecuencias importantes respecto a la clasificación sectorial y toda una serie de cuestiones”- advirtió el director de AGES.



Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda del Eje Mediterráneo


En este sentido, el experto se refirió tanto a la L.O de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que, entre las competencias propias de los municipios (artículo 25.2), establece la de promover y gestionar vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Pero esta no solo tiene que ver con la morosidad, sino también con el déficit, la financiación y el endeudamiento.


Juan Manuel Pérez Mira apuntó al desahucio como una de las soluciones a la morosidad desde un punto de vista económico, aunque se debe contemplar como el último recurso: "tenemos que ser sensibles con las personas y utilizar todas las figuras legales que tenemos, pero hay que tener muy claro que sin sostenibilidad financiera, podemos llegar a desaparecer".



Repercusiones del impago


Según el director de AGES, el impago derivado de la morosidad del inquilino de la vivienda pública “va directo a la línea de flotación de la sostenibilidad financiera”, con diferentes repercusiones económicas:


Repercusiones sobre el patrimonio


Pueden producirse pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales.


En este sentido, la norma 9ª del Plan General de Contabilidad, establece que, “al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor”.


Este tipo de pérdidas podrían llevar a la disolución de la sociedad de capital si, como fija la Ley de Sociedades de Capital (art. 363) dejaran reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.


Repercusiones sobre la liquidez


La deuda lastra de liquidez de la entidad y su dependencia de financiación ajena.


Repercusiones sobre la clasificación sectorial


Los deterioros del valor minoran la cifra de ingresos a los efectos del cálculo de la regla del 50%.

El resultado es que una entidad puede pasar a estar clasificada como “productor NO de mercado” en contabilidad nacional y quede incluida en el “perímetro de consolidación” de su entidad dominante.






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