Modernizar las administraciones y ejecutar el Plan de Recuperación: un reto a corto plazo

Establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, es el objeto del Real Decreto-ley 36/2020 para la Modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado el 31 de diciembre.

A través de las medidas contempladas en este decreto, el Gobierno espera movilizar, en los próximos tres años, el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de la UE, de los que unos 140.000 corresponden a España.

Se pretende así paliar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover, además, un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.

El papel protagonista de las Administraciones Públicas

El decreto destaca el papel de las Administraciones Públicas para “el impulso, seguimiento y control de los proyectos del Plan, y para la necesaria absorción de los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación.”

En este sentido, la norma será de aplicación a todas las entidades integradas en el Régimen Jurídico del Sector Público:

• La Administración General del Estado.

• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

• Las Entidades que integran la Administración Local.

• El sector público institucional:

− Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

− Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

− Las Universidades públicas.

El reto de absorber 140.000 millones entre subvenciones y préstamos

El Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU está dotado con un total de 750.00 millones de euros en fondos, que se distribuyen de la siguiente manera:

Los compromisos de subvenciones informados por la UE para España se aproximan a los 70.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 (millones €):

• Subvenciones MERR 2021-2022: 43.480 M

• Subvenciones MERR 2023: 5.688 M

• REACT-UE 2021: 10.269 M

• Fondo transición justa (sólo parte incluida en el MERR): 45 M

• Total: 69.889 M

El resto de fondos para España, otros 70.000 millones de euros aproximadamente, serán fondos reintegrables en forma de préstamos.

Se trata, pues, de una gran cantidad de recursos que la UE pone a disposición de la economía española de aquí a 2023 y que nuestro país tendrá que absorber eficientemente en tan poco tiempo.

Esto representa para nuestro país un reto evidente que ha llevado a aprobar la batería de medidas que se incluyen en el decreto aprobado el 31 de diciembre.

Colaboración público-privada a través de PERTES

Dada la importancia de la colaboración público-privada para movilizar recursos de esta dimensión, el decreto contempla la creación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).

Se reconocerán como PERTE aquellos grandes proyectos de carácter estratégico

con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.

Un PERTE puede ser tanto un proyecto único, claramente definido en cuanto a sus

objetivos y sus modalidades de ejecución, como un proyecto integrado, es decir, un

grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes

que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.

En cualquier caso, todos estos proyectos deberán respetar los principios de igualdad y no discriminación, concurrencia, publicidad, transparencia, proporcionalidad y no deberán distorsionar la competencia efectiva en los mercados, estando los operadores que participen en un PERTE plenamente sometidos a la normativa sobre competencia.

Por otro lado, todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada y de su forma de constitución, se inscribirán en un registro estatal dependiente del Ministerio de Hacienda.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) será el instrumento rector para el diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y las reformas e inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia previsto en la normativa comunitaria.

La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social, económica y territorial son los tres ejes en torno a los cuales se desarrollará este plan enfocado a favorecer la cohesión económica, social y territorial de España, fortalecer la resiliencia social y económica del país, recuperar el tejido productivo y mitigar el impacto social tras la crisis causada por la pandemia del SARS-COV-2, además de promover la transformación ecológica y digital.

Para la ejecución del PRTR, el decreto contempla la creación de una serie de instrumentos:

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dirigirá y coordinará el PRTR

• Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el órgano de asistencia y soporte técnico de la Comisión.

• Instrumento de Planificación Estratégica: lo elaborarán los departamentos ministeriales encargados de la gestión de proyectos del PRTR antes del 28 de febrero de este año.

Especialidades para la tramitación urgente de expedientes

Por otra parte, para agilizar la tramitación de los correspondientes expedientes, el decreto introduce especialidades con relación a las actuaciones financiadas con estos fondos en diversos ámbitos.

Aunque la mayoría de dichas especialidades tienen que ver con la gestión de los fondos por parte de la Administración General del Estado, algunas son de interés general para el sector público, como el Procedimiento abierto, el Procedimiento abierto simplificado ordinario, el Procedimiento abierto “sumario”, el Procedimiento restringido y el Procedimiento de licitación con negociación.

En general, para estas especialidades, se reducen los plazos de presentación de proposiciones y solicitudes, aunque estas reducciones no se aplicarán a los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado.

En todo caso, los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR gozarán de preferencia para su despacho sobre cualquier otro

contrato por los distintos órganos que intervengan en su tramitación. Asimismo, los

plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a cinco días naturales,

sin que quepa prórroga alguna de este plazo.

Queda claro, pues, que tenemos por delante tres años en los que, a pesar de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, se nos brinda desde la Unión Europea un considerable refuerzo económico para impulsar proyectos que, tomando como guía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ayuden a la recuperación a través de cambios estructurales en nuestro sistema.