El director de AGES analizó en las VIII Jornadas de Vivienda Social, los cambios normativos y fiscales necesarios para garantizar la financiación a largo plazo de la vivienda pública asequible.

El SMI sube un 3,1 % en 2026 hasta 1.221 € mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Analizamos las nuevas cuantías, las reglas de compensación y de no afectación, así como la exención fiscal en el IRPF aprobada el mismo mes.

Todos los empleadores y, entre ellos las administraciones y las entidades del sector público, están obligados a justificar el uso de contratos temporales, evitando que se utilicen para cubrir necesidades de carácter estructural.